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Para ser renovada, es imprescindible demostrar la residencia efectiva durante seis meses al año. Consecuentemente, puede comportar la adquisición del estatus de residente fiscal y la obligación de pagar impuestos en España por la renta mundial del contribuyente.
El plazo  necesario para tramitar el visado y posteriormente la residencia es significativamente más extenso que en el caso de la residencia para inversores.
El control de la capacidad económica será mucho más estricto que en el caso de la residencia para inversores, puesto que en el caso de la no lucrativa es el requisito indispensable. Además, en éste supuesto, a diferencia de la residencia para inversores, no existe una manifestación adicional de la capacidad económica.

Los inmuebles adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de apoyo a los emprendedores no dan derecho a la obtención de la residencia para inversores.
Para su renovación, es imprescindible demostrar que subsiste la inversión. Consecuentemente, es necesario mantener la inversión en la economía española, aunque puede tratarse de la misma inversión o de una nueva, pero, respetando los importes requeridos.
Cabe destacar que además de las diferencias mencionadas, las autorizaciones coinciden en que ambas además de autorizar la residencia en España, dan derecho a viajar libremente por todo el territorio Schengen.
Asimismo, la nueva ley de emprendedores se remite a la ley de extranjería en relación a la residencia de larga duración. En ambos casos es posible solicitar la residencia de larga duración tras una residencia efectiva en España durante cinco años. No obstante, si bien la residencia para inversores no tiene límites de permanencia en el territorio español, para la obtención de la residencia de larga duración es imprescindible respetar los límites que establece la ley de extranjería: 10 meses de ausencia máxima durante los cinco años anteriores a la solicitud.

• Cumplir los requisitos que la legislación vigente exige a los nacionales para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada (además de la constitución de la sociedad, en ocasiones será necesario llevar a cabo trámites adicionales, como por ejemplo la obtención de licencias). Para conocer más detalles sobre los trámites societarios, puede acceder a nuestra ficha práctica denominada: establecimiento de una sociedad en España.
• Acreditar que la inversión prevista para la implantación del proyecto es suficiente y la incidencia, en su caso, en la creación de empleo. No existe una cantidad mínima determinada por acreditar. Dependerá de aspectos tales como los costes de establecimiento y manutención a satisfacer.
• Realización de una previsión relativa a que la actividad a desarrollar contará, desde el primer año, con recursos económicos suficientes al menos para la manutención y alojamiento del interesado, una vez deducidos los gastos necesarios para el mantenimiento de la actividad.
• Carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español durante los 5 años anteriores a la presentación de la solicitud.
• No hallarse en situación irregular en España.
• Excepcionalmente, estos trámites no serán necesarios, fundamentalmente en el caso de trabajadores autónomos, si bien se les exigirá prueba de que una o varias empresas hayan contratado sus servicios.

En tales casos se deberá acreditar la cualificación profesional exigible para la actividad profesional a llevar a cabo o una experiencia suficiente para el ejercicio de dicha actividad profesional, así como la titulación necesaria para las profesiones cuyo ejercicio exija una homologación específica y/o la obtención de una certificación que acredite la colegiación en el colegio correspondiente, en el caso del ejercicio de actividades profesionales independientes que exijan la misma.